martes, 3 de septiembre de 2013

El Leviathan administrativo


Cualquier ciudadano, lo sepa o no, desde que se levanta por las mañanas hasta que se acuesta por las noches entra en relación múltiples veces con las administraciones públicas.

No ya las personas sometidas a relaciones de especial sujeción con la Administración, como los internos en instituciones penitenciarias, los pacientes en hospitales públicos, o los alumnos en centros educativos públicos, ni siquiera aquellas relacionadas voluntaria y conscientemente a ella, como los empleados públicos o los contratistas, ni por supuesto los extranjeros, que han de relacionarse con la Administración incluso antes de pisar suelo español, sino CUALQUIER PERSONA se encontrará a lo largo del día en distintas posiciones como titular de derechos u obligaciones frente a la misma.

Pensemos que la administración local, por ejemplo, es la entidad obligada a abastecernos del agua corriente que utilizamos al ducharnos -por más que el servicio se preste a través de una empresa concesionaria en las ciudades-; o que la administración estatal es la competente para sancionarnos si incumplimos las normas de tráfico no urbano al desplazarnos al trabajo; o que la organizadora de ese acto cultural al que acudimos, o la propietaria de esas obras cuyas molestias soportamos, puede ser la administración autonómica.

Es la Administración quien nos cobra impuestos, pero también quien nos presta servicios de uso diario; quien puede autorizarnos para hacer tal o cual cosa (levantar un muro, pescar en un río...), quien nos subvenciona tal o cual actividad (el estudio, el transporte...), y quien nos sanciona por tal o cual conducta (fumar en lugares inadecuados, hacer demasiado ruido...). En definitiva, cuesta pensar en un ámbito cotidiano ordinario en el que no intervenga o pueda intervenir una administración.

Pues bien, todas esas intervenciones administrativas, más o menos evidentes, pueden resultar beneficiosas para el ciudadano, pero también pueden ocasionarle perjuicios. Y a menudo perjuicios contra los que cabe la opción de reaccionar. Un volumen tal de actividad administrativa lleva implícito un considerable número de errores, y un no desdeñable porcentaje de abusos. Errores y abusos frente a los cuales el ciudadano puede reclamar.

Para hacerlo con las mejores garantías de éxito, la asistencia de abogados administrativistas como Lluch Abogados resulta imprescindible. Ellos pueden ayudarle a ubicarse en la confusa maraña normativa en que se mueve la Administración y, como los mejores defensores de sus intereses, hacer valer sus derechos frente a la misma.

Si tiene un problema legal, y cree que no es un particular sino una administración quien está implicada, no lo dude: contacte con un profesional especializado, como Lluch Abogados.

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