Cualquier ciudadano, lo sepa o no,
desde que se levanta por las mañanas hasta que se acuesta por las
noches entra en relación múltiples veces con las administraciones
públicas.
No ya las personas sometidas a
relaciones de especial sujeción con la Administración, como los
internos en instituciones penitenciarias, los pacientes en hospitales
públicos, o los alumnos en centros educativos públicos, ni siquiera
aquellas relacionadas voluntaria y conscientemente a ella, como los
empleados públicos o los contratistas, ni por supuesto los
extranjeros, que han de relacionarse con la Administración incluso
antes de pisar suelo español, sino CUALQUIER PERSONA se encontrará
a lo largo del día en distintas posiciones como titular de derechos
u obligaciones frente a la misma.
Pensemos que la administración
local, por ejemplo, es la entidad obligada a abastecernos del agua
corriente que utilizamos al ducharnos -por más que el servicio se
preste a través de una empresa concesionaria en las ciudades-; o que
la administración estatal es la competente para sancionarnos si
incumplimos las normas de tráfico no urbano al desplazarnos al
trabajo; o que la organizadora de ese acto cultural al que acudimos,
o la propietaria de esas obras cuyas molestias soportamos, puede ser
la administración autonómica.
Es la Administración quien nos
cobra impuestos, pero también quien nos presta servicios de uso
diario; quien puede autorizarnos para hacer tal o cual cosa (levantar
un muro, pescar en un río...), quien nos subvenciona tal o cual
actividad (el estudio, el transporte...), y quien nos sanciona por
tal o cual conducta (fumar en lugares inadecuados, hacer demasiado
ruido...). En definitiva, cuesta pensar en un ámbito cotidiano
ordinario en el que no intervenga o pueda intervenir una
administración.
Pues bien, todas esas
intervenciones administrativas, más o menos evidentes, pueden
resultar beneficiosas para el ciudadano, pero también pueden
ocasionarle perjuicios. Y a menudo perjuicios contra los que cabe la
opción de reaccionar. Un volumen tal de actividad administrativa
lleva implícito un considerable número de errores, y un no
desdeñable porcentaje de abusos. Errores y abusos frente a los
cuales el ciudadano puede reclamar.
Para hacerlo con las mejores
garantías de éxito, la asistencia de abogados administrativistas
como Lluch Abogados resulta imprescindible. Ellos pueden ayudarle a
ubicarse en la confusa maraña normativa en que se mueve la
Administración y, como los mejores defensores de sus intereses,
hacer valer sus derechos frente a la misma.
Si tiene un problema legal, y cree
que no es un particular sino una administración quien está
implicada, no lo dude: contacte con un profesional especializado,
como Lluch Abogados.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Muchas gracias por tu comentario!