Los costes de pleitear

Si no el que más, uno de los aspectos más importantes a la hora de decidirse a contratar los servicios de un abogado es el de los honorarios y costes asociados del asunto. A menudo, sin embargo, éstos no llegan nunca a determinarse porque las ideas preconcebidas sobre su elevado importe ya hacen que el potencial usuario descarte acudir a estos profesionales, salvo que el problema legal que le acucia sea muy relevante.

Siendo cierto que en la actualidad, partidas como la de las tasas judiciales pueden hacer poco o nada interesante pleitear, incluso hasta el punto de hacerlo financieramente inasumible, no lo es menos el que el coste final para el cliente de una determinada actuación profesional puede variar mucho, yendo de lo irrisorio a lo muy oneroso, y segundo, que un profesional siempre expondrá a su cliente con carácter previo su opinión sincera sobre si compensa o no económicamente llevar a cabo tal o cual actuación, por lo que siempre resulta interesante informarse.

Para hacernos una idea general, las distintas partidas que pueden integrar la “factura” final de un asunto son:

• honorarios del abogado
• honorarios del procurador, en su caso
• tasas judiciales (tributo que grava el recurso a los órganos judiciales)
• otros costes del proceso (pruebas de parte, copias y traducciones de documentación, etc.)
• costas de la parte contraria, en su caso

En el orden contencioso-administrativo, no obstante, hay que tener en cuenta que un determinado asunto puede solventarse directamente sin necesidad de acudir a los tribunales, actuando en vía administrativa mediante la interposición de recursos o reclamaciones extra-judiciales, por lo que sólo habría que hacer frente a los honorarios del abogado. Por otro lado, si se acude definitivamente a los tribunales y se “gana”, todos los costes correrían a cargo de la parte “vencida” (dejando al margen la facultad de los órganos judiciales de limitar la cantidad que ésta debe pagar realmente).

En cuanto a los honorarios de los abogados, la realidad es que existe una completa libertad del profesional y su cliente para fijarlos en el caso concreto -a diferencia de lo que ocurre con los aranceles de los procuradores, que se fijan reglamentariamente-. Los órganos de defensa de la competencia han insistido y continúan insistiendo en que no son admisibles ningún tipo de limitaciones al respecto, como lo fueron en su momento la prohibición estatutaria del pacto de quota litis (fijar los honorarios como un porcentaje del importe obtenido en el pleito), o la práctica de atender de forma quasi-obligatoria a los criterios sobre honorarios que publican los respectivos colegios de abogados. A día de hoy, el abogado y su cliente son libres para pactar cualquier cantidad como retribución por los servicios del primero, utilizando cualesquiera criterios de fijación y métodos de pago.

Así, nos encontramos con que las alternativas de determinación de los honorarios son infinitas (presupuesto cerrado, facturación por horas, tarifa plana), y que las cuantías varían enormemente dependiendo del tipo de despacho al que acudamos (gran despacho, boutique especializada, despacho medio, profesional en solitario). Es más que aconsejable por tanto que, de entre las miles de posibilidades que ofrece un sector sobresaturado como el de los servicios jurídicos en España, el cliente elija un despacho de la estructura y especialización adecuada a su problema. Acudiendo a un gran despacho para un problema menor, el cliente pagará costes de organización que no va a utilizar, mientras que acudiendo a un profesional no especializado, estará sacrificando calidad de asesoramiento en favor de cierto aparente ahorro.

En Lluch Abogados ofrecemos especialización jurídica sin menguar una total flexibilidad a la hora de acordar honorarios y pagos, elaborando con carácter previo y de forma gratuita un borrador de presupuesto ajustado a las características del asunto, para que sea el cliente quien finalmente decida qué cantidad desea asumir y qué opción de pago le resulta más favorable.

Si tiene un problema legal, y cree que no es un particular sino una administración quien está implicada, no deje que las dudas sobre el importe le paralicen: póngase en contacto con nosotros y le informaremos al respecto sin coste alguno.